El actual marco legal de las viviendas de uso turístico, lejos de ser unitario, viene conformado por numerosas y heterogéneas normativas aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas que, en muchos casos, de forma injustificada, imponen restricciones de acceso al mercado y ejercicio de la actividad, tanto a las plataformas de alojamiento colaborativo, como a los propietarios de los inmuebles, provocando efectos negativos sobre la competencia y el bienestar. A ellas, hay que añadir las aprobadas en los últimos años en el ámbito local por los Ayuntamientos en ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de planeamiento y ordenación urbanística y comercial. El resultado final es una maraña legislativa difícil de desentrañar en la que cada Comunidad Autónoma y, dentro de ella, cada municipio, impone sus propias condiciones y requisitos provocando una creciente incertidumbre e inseguridad jurídica a los operadores económicos y jurídicos.
Algunas de las normas dictadas, al margen de su dudosa constitucionalidad, limitan y restringen en exceso los derechos y facultades de disposición de los propietarios y el acceso al libre mercado en favor del sector turístico. Su eficacia y constitucionalidad genera un intenso debate social y jurídico que ha motivado, en algunos casos, su impugnación y, posterior anulación, por los Tribunales.
Asimismo, la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico con el impacto social y económico que de ello deriva, ha venido provocado un notable aumento de la conflictividad en las comunidades de propietarios, añadiendo a la propiedad horizontal un nuevo desafío, respecto al que la LPH plantea numerosas lagunas e interrogantes.
PERFIL
Esta Jornada puede resultar de especial interés para empresarios; profesionales del Derecho; así como a alumnos del Máster de la Abogacía y, los Grados especializados en cuestiones jurídicas y económicas.
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